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Shell en Nigeria, el peligro ambiental y humano.

Nigeria: El gobierno debe detener la venta, por parte de Shell, de su negocio en el delta del Níger a menos que se protejan plenamente los derechos humanos

© Pius Utomi Ekpei/AFP via Getty Images
La venta propuesta del negocio petrolífero de Shell en la región del delta del Níger, en el sur de Nigeria, amenaza con agravar los abusos contra los derechos humanos y debería ser bloqueada por el gobierno a menos que se establezcan una serie de salvaguardias. Así lo ha manifestado hoy un grupo de 40 organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentra Amnistía Internacional.

En una carta abierta al regulador sectorial, los grupos han declarado que no debe permitirse la venta de Shell Petroleum Development Company (SPDC) a Renaissance Africa Energy a menos que la contaminación medioambiental causada por Shell haya sido evaluada en su integridad, que Shell proporcione fondos suficientes para garantizar que pueden cubrirse los costes de limpieza, y que se consulte plenamente a las comunidades locales.

“Durante muchas décadas, las operaciones de Shell en el delta del Níger se han llevado a cabo a expensas de los graves abusos contra los derechos humanos de la población de la zona. Los frecuentes vertidos de petróleo de su infraestructura y sus inadecuadas prácticas de mantenimiento y limpieza han contaminado las fuentes de agua subterránea y potable, han envenenado tierras agrícolas y zonas de pesca, y han dañado seriamente la salud y los medios de sustento de quienes habitan en la región”, ha manifestado Olanrewaju Suraju, presidente de Human and Environmental Development Agenda (HEDA).

Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria, ha manifestado: “Ahora existe un riesgo sustancial de que Shell se embolse miles de millones de dólares de la venta de esta empresa y se marche dejando a quienes han sufrido daños sin reparación y enfrentándose a constantes abusos y problemas de salud. Antes de dar luz verde a esta venta, deben establecerse garantías y salvaguardias económicas para remediar de inmediato la contaminación existente y proteger a la población frente a daños futuros. No se debe permitir que Shell eluda sus responsabilidades respecto a la limpieza y el remedio de su legado generalizado de contaminación en la zona”.

Ahora existe un riesgo sustancial de que Shell se embolse miles de millones de dólares de la venta de esta empresa y se marche dejando a quienes han sufrido daños sin reparación y enfrentándose a constantes abusos y problemas de salud.Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria

La carta vino precedida del anuncio hecho por Shell en enero de que había acordado vender SPDC al consorcio Renaissance, que se compone de cuatro empresas de exploración y producción con sede en Nigeria y un grupo internacional de energía, en un acuerdo por valor de 2.400 millones de dólares estadounidenses financiado en parte con un préstamo de Shell a los compradores.

Según la carta, el acuerdo parece incumplir varios requisitos normativos y legales. Entre ellos se encuentra la aparente falta de un estudio medioambiental para evaluar los requisitos de limpieza, y una evaluación para garantizar que se dedican fondos suficientes para el posible desmantelamiento de la infraestructura petrolera: una suma que probablemente ascienda a varios miles de millones de dólares. La carta también señala la ausencia de un inventario de los bienes físicos que se venden, una señal de advertencia que puede indicar el estado de deterioro de los oleoductos e infraestructuras de los que han procedido muchos vertidos. Los vertidos han tenido con frecuencia consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar de la población local. Todo el mundo tiene derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible.

La carta señala ventas anteriores similares en Nigeria que, en ocasiones, han expuesto a la población de comunidades contaminadas a daños duraderos, pues los compradores carecían de recursos económicos suficientes para gestionar de forma efectiva las infraestructuras, e incluso han cesado por completo las operaciones.

También señala que, tras una desinversión previa de Shell de Oil Mining Lease 26 (OML 26) a First Hydrocarbon Nigeria en 2010, el accionista mayoritario de la empresa compradora entró en liquidación y su director gerente y su dirección de operaciones fueron declarados culpables de fraude en Reino Unido.

Información complementaria


Renaissance African Energy es un consorcio compuesto por ND Western Limited, Aradel Holdings Plc, FIRST Exploration y Petroleum Development Company Limited, el Waltersmith Group y el Petrolin Group.

Durante las décadas que Shell ha estado operando en Nigeria, ha habido cientos de vertidos de petróleo de sus infraestructuras.

Irán ejecuta a 853 personas, la cifra más alta en ocho años

Irán ejecuta a 853 personas, la cifra más alta en ocho años, como parte de una represión implacable y una nueva “guerra contra las drogas”


Amnistía Internacional.- Se requieren urgentemente medidas internacionales contundentes para poner fin al escalofriante aumento de las ejecuciones, que en 2023 transformó las prisiones iraníes en centros de muerte masiva, ha manifestado Amnistía Internacional. En un nuevo informe de investigación publicado hoy, la organización destaca que al menos 481 ejecuciones —más de la mitad de las 853 registradas en total en 2023— tuvieron lugar por delitos de drogas.

“No dejemos que nos maten”: la implacable crisis de ejecuciones en Irán desde el levantamiento de 2022  revela el modo en que las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte para infundir miedo entre la población y afianzarse en el poder tras la sublevación “Mujer Vida Libertad” ocurrida entre septiembre y diciembre de 2022. En el informe se da también la voz de alarma sobre el desproporcionado impacto sobre las comunidades pobres y marginadas de las mortíferas políticas antidroga que aplican las autoridades.

La pena de muerte es abominable en toda circunstancia, pero aplicarla a escala masiva por delitos de drogas tras juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios es un abuso de poder grotesco. Diana Eltahawy, Amnistía Internacional

El número de ejecuciones en 2023 es el más alto registrado desde 2015, que supone un aumento del 48% respecto a 2022 y del 172% respecto a 2021. La oleada de muertes en Irán prosigue en 2024, con al menos 95 ejecuciones registradas hasta el 20 de marzo. Las cifras de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional son datos mínimos; la organización piensa que el número real es sin duda mayor.

“Las mortíferas políticas antidroga de la República Islámica contribuyen a reforzar un círculo de pobreza e injusticia sistémica y exacerban la discriminación contra las comunidades marginadas, en particular la minoría baluchi oprimida de Irán”, ha declarado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

El año pasado tuvo lugar también una oleada de ejecuciones que afectó a manifestantes, personas usuarias de las redes sociales y otras personas disidentes o percibidas como tales, por actos amparados por el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud de cargos tales como “insultar al profeta”, “apostasía” y otros ambiguos como “enemistad con Dios” (moharebeh) o “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz).

“Entre las ejecuciones se cuentan manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas oprimidas, puesto que las autoridades han instrumentalizado la pena de muerte en un intento de sembrar el miedo entre la población y reprimir la disidencia. En ausencia de una respuesta global contundente, las autoridades iraníes no tendrán inconveniente en ejecutar con total impunidad miles de personas más en los años venideros”, ha declarado Diana Eltahawy.

“Nuestras estremecedoras conclusiones sobre el continuo asalto de las autoridades iraníes al derecho a la vida subrayan la urgente necesidad de que la comunidad internacional presione a las autoridades iraníes para que impongan una suspensión inmediata de todas las ejecuciones. Puesto que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU vota esta semana si renueva los mandatos de la Misión de investigación sobre Irán y del relator especial sobre Irán, es esencial señalar a las autoridades iraníes que su deplorable historial en materia de derechos humanos seguirá sujeto al escrutinio internacional y garantizar que siga existiendo un mecanismo internacional independiente de investigación y rendición de cuentas que recoja y analice pruebas de los crímenes de derecho internacional”.

Los Tribunales Revolucionarios dictaron 520 (61%) de las sentencias de pena de muerte ejecutadas en 2023. Estos tribunales tienen competencias sobre una amplia gama de actos, incluidos los delitos de drogas, que las autoridades consideran delitos de “seguridad nacional”. Los tribunales carecen de independencia, operan bajo la influencia de los organismos de seguridad e inteligencia y, para dictar sentencias condenatorias, utilizan habitualmente “confesiones” forzadas obtenidas mediante tortura en juicios sumarios manifiestamente injustos.

Vertiginoso aumento de las ejecuciones por drogas

El repunte de las ejecuciones en 2023 se debe en gran medida a un alarmante giro mortal en la política antidroga de Irán, tras el ascenso de Ebrahim Raisi a la presidencia y el nombramiento de Gholamhossein Eje’i como presidente de la Magistratura, ambos en 2021.

Amnistía Internacional ha analizado declaraciones oficiales de altas autoridades ejecutivas y judiciales que criticaban públicamente las reformas de 2017 de la Ley Antidroga —que posibilitaron un drástico descenso de las ejecuciones por drogas entre 2018 y 2020— y pedían un mayor uso de la pena de muerte para combatir el narcotráfico.

Estas posturas oficiales han dado paso a una escalofriante curva ascendente desde 2021: en 2023 hubo 481 ejecuciones por drogas, que constituyeron el 56% del total. Esto supone un aumento del 89% desde 2022, año en que fueron ejecutadas por drogas 255 personas, y un incremento del 264% desde 2021, cuando hubo 132 ejecuciones por el mismo motivo.

La minoría baluchi de Irán representó el 29% (138) de las ejecuciones por drogas en 2023, si bien sólo constituye cerca del 5% de la población iraní, lo que pone de manifiesto el efecto discriminatorio de la estrategia antidroga de las autoridades contra las comunidades más marginadas y empobrecidas.

Las ejecuciones por delitos de drogas con frecuencia se llevan a cabo cruelmente y en secreto, sin previo aviso a familiares ni asistencia letrada.

Si la comunidad internacional no toma medidas urgentes, las ejecuciones por delitos de drogas seguirán en aumento, entre los continuos esfuerzos de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo por promulgar una nueva ley antidroga mortífera que, de aprobarse, ampliará el listado de cargos por drogas que conllevan pena de muerte.

Las ejecuciones como herramienta de opresión política

A lo largo de 2023, tras la sublevación “Mujer Vida Libertad” que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2022, las autoridades iraníes también intensificaron la aplicación de la pena de muerte como arma para reprimir la disidencia.
Nuestras estremecedoras conclusiones sobre el continuo asalto de las autoridades iraníes al derecho a la vida subrayan la urgente necesidad de que la comunidad internacional presione a las autoridades iraníes para que impongan una suspensión inmediata de todas las ejecuciones.Diana Eltahawy, Amnistía Internacional
En 2023, las autoridades ejecutaron a seis hombres en relación con la sublevación de 2022 y a otro más en relación con las protestas nacionales de noviembre de 2019. Al menos otras siete personas han sido condenadas a muerte y están en peligro de ejecución inminente en relación con la sublevación de 2022 y las protestas de noviembre de 2019.

El aumento de las ejecuciones ha llevado a las personas presas en el corredor de la muerte a declararse en huelga de hambre y a pedir públicamente que se intervenga para detener las ejecuciones.

En mayo de 2023, varios días antes de su ejecución tras juicios manifiestamente injustos, los manifestantes Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi enviaron de forma clandestina desde la prisión una súplica de ayuda, en la que rogaban: “No dejen que nos maten”.

El 28 de enero de 2024, otro grupo de personas presas en el corredor escribió una carta abierta en la que anunciaba una huelga de hambre y pedía apoyo para salvar la vida. “Quizás con su ayuda puedan detenerse estas ejecuciones. Del modo que puedan, sean nuestra voz…”.

Ejecuciones de personas detenidas siendo menores de edad

El año pasado también marcó una espeluznante escalada en la aplicación de la pena de muerte a menores delincuentes, al ejecutarse a un joven de 17 años y a cuatro jóvenes condenados por delitos cometidos siendo menores de edad.

Hamidreza Azari fue detenido con sólo 16 años y ejecutado menos de siete meses después, tras un juicio manifiestamente injusto acelerado por la fiscalía. Las autoridades iraníes falsearon deliberadamente su edad —que declararon ser de 18 años— en los medios de comunicación nacionales para eludir responsabilidades por violar el derecho internacional, que prohíbe imponer la pena de muerte a quienes fueran menores de 18 años al cometer un delito.

En los últimos meses, las autoridades han publicitado de forma engañosa una nueva directiva del presidente de la Magistratura como paso hacia “una mayor reducción” de las condenas a muerte contra menores delincuentes. Sin embargo, el análisis de Amnistía Internacional revela que la directiva no aborda las prolongadas carencias de la legislación sobre menores y que reafirma la discrecionalidad concedida al poder judicial para condenar a muerte a menores delincuentes tras “evaluaciones de madurez” viciadas.

Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades iraníes a que modifiquen el artículo 91 del Código Penal Islámico para abolir la pena de muerte por delitos cometidos por menores en todas las circunstancias.

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Las autoridades iraníes se niegan a proporcionar estadísticas públicas de condenas a muerte y ejecuciones. Para registrar el número de ejecuciones llevadas a cabo en 2023, Amnistía Internacional trabajó en estrecha colaboración con el Centro Abdorrahman Boroumand, basándose en fuentes abiertas, incluidos informes de medios de comunicación estatales e independientes y de organizaciones de derechos humanos. La organización también revisó los registros de ejecuciones de Iran Human Rights y Kurdistan Human Rights Network.

La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método de ejecución utilizado por el Estado.

Chile. La resistencia mapuche protagoniza febrero mientras Boric busca militarizar el país: donde hubo estallido, cenizas quedan.

Desde el primero de febrero, familiares, amistades y personas solidarias con las causas de la huelga de hambre que llevan adelante hace 80 días los prisioneros políticos mapuche -PPM-, cautivos en el penal de Biobío y pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco-CAM-, viajaron desde las comunidades del Wallmapu a Santiago para entregar una carta dirigida al Ministerio de Justicia y al gobierno chileno y manifestarse en las afueras de las dependencias de esa cartera que se encuentran a una cuantas calles de La Moneda.

La misiva firmada por cientos de adherentes exige “la nulidad del juicio en contra de Ernesto Llaitul Pezoa, Ricardo Delgado Reinao, Nicolás Villouta Alcaman y Esteban Henríquez Riquelme, quienes, a pesar de la inexistencia de elementos probatorios, fueron injustamente condenados a más de 15 años de prisión (…); la implementación de un módulo de comuneros en el CP Biobío, tal cual como se contempla en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile (…); la libertad inmediata de Daniel Canio Tralcal, ya que considerando el tiempo que estuvo encarcelado injustamente entre 2009 y 2013, y resultando absuelto de los cargos que se le imputaban, tiene derecho a optar a la libertad condicional (…); se dé solución a las demandas que se plantean con la huelga de hambre, así como hacemos responsables a las autoridades chilenas de las eventuales consecuencias irreversibles en la salud y vida de los huelguistas”.

Durante la noche del primero de febrero, recién llegados del sur y mientras se apostaban en la entrada del Ministerio de Justicia para pasar la noche allí, se informó una entrevista hecha a Pilar Curillan, vocera de los PPM de Temuco y a Hugo Melinao, vocero de los PPM de Concepción, donde se demandó la nulidad de los juicios viciados; el cambio urgente de las condiciones carcelarias de los comuneros mapuche; el término de la militarización en las tierras ancestrales; el retiro de la industria forestal destructiva de sociedad y naturaleza, y que hace parte de la represión sobre la población mapuche en la región; y se convocó a un mitin en los tribunales de justicia capitalinos que se encuentran en la calle Pedro Montt.

Alrededor del mediodía, las redes de solidaridad con los PPM situados frente al Ministerio de Justicia fueron duramente reprimidas por las Fuerzas Especiales de Carabineros, constatándose incluso personas detenidas, toda vez que la protesta fue absolutamente pacífica.

Apenas un par de días atrás debió ser hospitalizado de gravedad el comunero huelguista Esteban Henríquez, quien permanece en un centro asistencial engrillado a la cama. Por su parte, el dos de febrero, Ernesto Llaitul, también luchador mapuche en huelga de hambre y encarcelado en el penal de Biobío, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción debido a que presentó una grave arritmia cardíaca.

Asimismo, el comunero y PPM, Pelentaro Llaitul Pezoa, detenido en la cárcel de Temuco y en huelga de hambre hace más de 50 días, sufrió una descompensación que obligó a gendarmería a llevarlo a un servicio sanitario de urgencia pública.

Los inicios de febrero encuentran a la resistencia mapuche acusando los duros costos de concretar extensas huelgas de hambre, y a una solidaridad activa de sus comunidades, de chilenas y chilenos defensores apasionados de las razones de la lucha del pueblo indígena, y al apoyo de personas y agrupaciones internacionales.

Mientras tanto, la administración gubernamental encabezada por el presidente Gabriel Boric, se observa incapaz de establecer un diálogo eficiente con las comunidades originarias, apelando una y otra vez a la mano dura, el garrote y la militarización en suelo ancestral, tal como lo dictan los intereses de la industria extractivista de la zona y los terratenientes.

De igual modo, Boric, el primero de febrero citó al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, formado por el alto mando de las Fuerzas Armadas y los presidentes de ambas cámaras del Congreso, con el propósito de terminar de militarizar el territorio chileno con la excusa de la delincuencia. Al respecto vale señalar que, de acuerdo al prestigioso portal estadístico español https://es.statista.com/, Chile se encuentra en el lugar 17 de criminalidad de América Latina y el Caribe, junto a las 5 naciones con menor delincuencia de la región y el mundo.

No es discrecional aventurar que el eventual despliegue de militares a lo largo del país busca, una vez más, intimidar y reprimir a las disidencias políticas y sociales, a la propia resistencia del pueblo mapuche, e intentar amedrentar el creciente descontento de las mayorías sociales que sufren los embates socio económicos de la crisis y recesión, ya oficializada por el Banco Central. En este sentido, incluso la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, CUT, en su último congreso resolvió efectuar un paro general el próximo 11 de abril debido a que, en todos los ámbitos, el pueblo trabajador está pagando la crisis de los grandes grupos económicos y la mala gestión del gobierno actual.

Donde hubo estallido social, cenizas quedan.
Fuente: indymedia

"No queremos que nadie pierda la vida": López Obrador responde a embajadora de Israel en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este martes a las críticas que recibió por parte de la embajadora de Israel, Einat Kranz Neiger, quien denigró que haya manifestado una posición "neutral" ante el renovado conflicto palestino-israelí.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
 
Luis Barron / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

"La embajadora expresó que no está conforme con nuestra postura y tiene todo su derecho a decirlo porque somos libres", aseguró el mandatario durante su habitual conferencia de prensa.

"Nosotros respetamos al Gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel pero no queremos la guerra, no queremos la violencia, somos pacifistas, no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel o sean palestinos", señaló.

También insistió en que para su Gobierno es fundamental que se respete el principal derecho humano, que es el derecho a la vida.

"Respetamos su comunicado, su postura, pero ojalá (la embajadora) nos comprenda porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución", recordó.

En ese sentido, subrayó que se ajustará a los lineamientos de política exterior que han marcado la historia de México, pero sin entrar en polémicas con la embajadora.

Por otra parte, López Obrador precisó que el Gobierno se encuentra en contacto con familiares de los alrededor de 1.000 ciudadanos mexicanos que solicitaron ser rescatados de Israel y cuyo traslado comenzará este mismo martes con el arribo de dos vuelos.

Discrepancias

La víspera, López Obrador propuso convocar de manera urgente una asamblea extraordinaria de Naciones Unidas en la que participen todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo y la solución pacífica con el fin de evitar la guerra.

"No queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad", dijo.

Más que condenas, agregó, lo que se requiere es la búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia.

"Ya son hasta ahora lamentablemente muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina, y no queremos eso", afirmó.

Horas más tarde, la embajada de Israel en México emitió un comunicado en el que manifestó su inconformidad con las declaraciones del presidente.

"Lamentamos profundamente que el Gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación (...) mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo", acusó.

¿Cómo quieren los países de la UE limitar la migración?

Este año, la Agencia Europea de Protección de Fronteras (Frontex), espera un aumento en el número de inmigrantes y solicitantes de asilo en la UE. Frontex registró en 2022, 330.000 entradas irregulares, la cifra más alta desde 2016.



DW-Bernd Riegert.- Algunos Estados de la UE y Gran Bretaña tratan de endurecer sus leyes o el procedimiento de asilo para impedir y disuadir a los migrantes.

¿Cómo reacciona Alemania?

En Alemania, ciudades y municipios se quejan de la sobrecarga de tareas, alojamiento e integración. Alrededor de una cuarta parte de todas las solicitudes de asilo en la UE se realizan en Alemania, aunque no es el país de primera entrada. El gobierno central y los regionales acordaron endurecer la normativa para las deportaciones y de custodia previa a la deportación para los migrantes obligados a abandonar el país. La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, ha rechazado hasta ahora extender los controles fronterizos para dificultar las entradas irregulares.

¿Centro de procedimiento de asilo en Ruanda?

Otros países objetivo de las personas migrantes, como Francia, Austria, Países Bajos y Gran Bretaña están tratando de disuadirlos con varias medidas. El Reino Unido, por ejemplo, amenaza con tercerizar los procedimientos de asilo trasladándolos a Ruanda, o internar a los inmigrantes en barcos. En Dinamarca, los procedimientos son cada vez más restrictivos, y allí solo 180 personas solicitan asilo cada mes. En Austria se registraron entre 4.000 y 11.000 solicitudes por mes en 2022.

Quedan las rutas marítimas peligrosas

Los países a los que llegan primero los inmigrantes -Italia, Grecia, Malta, Chipre, Croacia ,y recientemente, también Polonia- intentan hacer su acceso lo más difícil posible. A los migrantes solo les quedan entonces las peligrosas rutas marítimas, o la entrada en avión con visas reales o falsas. La "protección de las fronteras exteriores de la UE" la deciden los ministros del Interior de la UE. Italia, además, trata de complicar al máximo el desembarco de náufragos en barcos de rescate privados.

Según el New York Times y organizaciones humanitarias, las autoridades fronterizas de Grecia, Croacia y Polonia utilizan el método del pushback para devolver a migrantes de nuevo al país de donde llegaron, sin un procedimiento reglamentario.

¿Por qué Hungría tiene apenas solicitantes de asilo?

En Hungría, los inmigrantes indocumentados pueden ser deportados sin mediar ningún procedimiento, según una "Ley de emergencia" de 2015. Los tribunales europeos declararon esa práctica como ilegal. El gobierno de Budapest ignora los veredictos. Solo 44 personas solicitaron asilo en Hungría en 2022.

Según el "Consejo Europeo para los Refugiados" (ECRE, por sus siglas en inglés), 150.000 personas fueron devueltas a Serbia sin mucho preámbulo.

¿Por qué Italia quiere un acuerdo con Túnez?

La mayoría de las 60.000 personas que cruzaron el mar en los primeros siete meses de 2023 llegaron con remolcadores. El gobierno italiano quiere que Túnez impida que los inmigrantes suban a dichas embarcaciones. En 2023 se ha multiplicado por diez el número de personas que quieren llegar a Italia.

La ruta a través de Libia es cada vez menos atractiva por la restrictiva guardia costera. La UE ha firmado con Libia un acuerdo para prevenir la migración. Por cierto, solo unos pocos miles solicitan asilo cada mes en Italia.
Una embarcación llena de migrantes africanos en dirección a Lampedusa.
Imagen: Oliver Weiken/dpa/picture allianc





Polonia quiere evitar la migración según las directrices de la UE

El partido conservador nacional gobernante PiS quiere evitar la inmigración y "proteger" Polonia, a pesar de que el número de solicitantes de asilo en ese país es muy pequeño. Según Eurostat, autoridad estadística de la UE, 2.785 personas solicitaron asilo allí en la primera mitad de 2023, un país con 38 millones de habitantes.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se opone a los intentos de la UE de reformar la ley común de asilo. Además, se está erigiendo una valla con Bielorrusia en la frontera oriental. Morawiecki quiere hacer un referéndum para erradicar la migración según las directrices de la UE.

¿Derogar el derecho de asilo como táctica disuasoria?

El responsable del grupo parlamentario alemán conservador (CDU/CSU), Thorsten Frei, apuesta por una cuota de inmigración, porque considera que el sistema actual es injusto, ya que solo las personas ricas o los hombres jóvenes y fuertes sobrevivirían a los peligros de la complicada entrada a la UE. Los ancianos, los enfermos, las mujeres y los niños tienen pocas posibilidades de cruzar el Sáhara o de subirse a los botes.

Tráfico en el Sahel: amordazar el comercio ilícito de armas





UNREC.- El Gobierno de Togo y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (UNREC) destruyeron 2000 armas incautadas y obsoletas y 10.000 cartuchos de munición para conmemorar el Día Internacional de la Paz.

En el Sahel*, donde viven 300 millones de personas, hay un mercado de compradores de armas. La insurgencia y el bandidaje asolan la región, arraigados, entre otras cosas, en tensiones intercomunales endémicas, enfrentamientos entre agricultores y pastores, una propagación del extremismo religioso violento y la competencia por recursos tan escasos como el agua y las tierras cultivables en medio de perturbaciones climáticas extremas.

"Los grupos no estatales luchan entre sí por la supremacía, empujando a los Estados al margen y causando una miseria indecible a millones de personas que han tenido que huir de sus comunidades en busca de seguridad", declaró el oficial encargado de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel, Giovanie Biha, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al presentar el informe del Secretario General sobre la región.

Compramos más fusiles

Detrás del caos y la miseria se esconde un próspero comercio ilícito de armas.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muchos centros de tráfico de armas en el Sahel bordean fronteras o rutas de transporte donde tienen lugar múltiples actividades delictivas. Los mercados ilegales, a menudo ocultos a plena vista en ciudades y pueblos situados a lo largo de corredores estratégicos, no se ven obstaculizados por la presencia de las autoridades.

Todos los grupos implicados en los enfrentamientos trafican ahora con armas y munición, según un reciente informe de la Oficina sobre el tráfico de armas de fuego. A medida que se multiplica el número de miembros de los grupos, también lo hacen las oportunidades de negocio para los traficantes.

El informe hace un seguimiento de los casos con vistas a comprender mejor el fenómeno y sus impulsores. Cuando las autoridades nigerianas preguntaron a un sospechoso en qué había gastado su grupo los 100.000 dólares pagados por el rescate de las escolares secuestradas, respondió: "compramos más fusiles".

ONU Foto/Eskinder Debebe.- Huyendo de su aldea en el norte de Camerún después de que los insurgentes armados tomaran el control, Mamma Hamidou (centro) recibió financiación generadora de ingresos del PNUD y, con sus ganancias, construyó una pequeña casa y envía a sus hijos a la escuela. (Febrero de 2019).

Cascada de consecuencias

Una cascada de consecuencias se extendió por la región durante la pasada década, desestabilizando naciones y extendiendo una marea de armas traficadas a pueblos, aldeas y ciudades. En Nigeria, Boko Haram amplió su zona de control y se extendió a Camerún, Chad y Níger.

En el primero de los reportajes sobre Trata en el Sahel, describimos la intervención de la OTAN en Libia en 2011 como un momento crucial. Los soldados tuareg que servían en el ejército libio saquearon armas y regresaron a Malí, donde una serie de rebeliones crearon un peligroso y caótico vacío de seguridad.

MINUSMA/Marco Dormino.- Munición de armas ligeras en la fosa de artefactos explosivos
sin detonar del campamento del ejército maliense en Tombuctú (Malí).

Los grupos extremistas capturaron bases militares y policiales malienses, añadiendo nuevos depósitos de armas a sus arsenales en expansión. La zona transfronteriza Liptako-Gourma se convirtió en campo de batalla y de trueque para un floreciente comercio ilegal de armas.

La violencia crónica ha matado a miles de personas y desplazado a más de dos millones de sahelianos hasta diciembre de 2022.

© PMA/Mariama Ali Souley.- La huerta de Satara, en la región de Tillaberi (Níger), donde se registran algunos de los niveles más altos de inseguridad alimentaria crónica de Níger.

Terrorismo a la africana

Con este telón de fondo se sitúa la amenaza siempre presente del terrorismo, según la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU.

En un intento por atraer a las audiencias locales, los afiliados del Estado Islámico han intentado, desde 2017, "africanizar" las referencias y los idiomas, utilizando la literatura africana para justificar los puntos de vista del grupo terrorista, dijo el Comité en su informe ISIL en África: Principales tendencias y evolución.

En la actualidad, la cuenca del lago Chad y el Sahel central han surgido como epicentros e incubadoras del terrorismo y el extremismo violento, advirtieron las autoridades.

En el trasfondo, el comercio ilícito de armas perpetúa el caos. El informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito mostró que los flujos de armas ilegales procedentes de Libia desde 2019 se han ampliado para incluir rifles de asalto de nueva fabricación.

Como reflejo de esta siniestra tendencia, las incautaciones de armas aumentaron un 105% entre 2017 y 2021, y las operaciones continúan, dijo el representante regional de la Oficina para África Occidental y Central, Amado Philip de Andrès.

©MINUSMA / Harandane Dicko - Un vehículo blindado de Minusma en Aguelhock (Malí)

Socios contra el crimen

Las investigaciones conjuntas y la cooperación transfronteriza son una combinación ganadora, añadió. Una de estas operaciones desbarató en diciembre la ruta de suministro de armas de fuego de una red terrorista, y están floreciendo nuevas asociaciones, como los acuerdos de cooperación militar de Níger con Benín y Burkina Faso.

UNODC/INTERPOL- INTERPOL decomisó armas de fuego, municiones y explosivos en todo el Sahel.

Para luchar contra el terrorismo y el extremismo violento, las naciones implicadas de la región lanzaron en 2017 la Iniciativa de Accra, que despliega operaciones conjuntas, pone en marcha iniciativas de fomento de la confianza en zonas críticas e insta a la puesta en marcha de una fuerza multinacional conjunta compuesta por 10.000 soldados.

Por su parte, la ONU y los países de la región trabajan para reforzar la resistencia de las comunidades fronterizas y facilitar el retorno de los desplazados. También se está impulsando la innovadora iniciativa de la Unión Africana, Silenciar las armas, con un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que apoya un mes anual de amnistía y presta asistencia técnica para el control de las armas pequeñas.

Para aprovechar estos éxitos, la Oficina recomendó a los países del Sahel que redoblaran sus esfuerzos para recopilar datos sobre el tráfico de armas de fuego con el fin de comprender mejor y detener los flujos nacionales y transnacionales.

Foto ONU/Ky Chung- Un casco azul de la ONU con rifles confiscados de milicias.

Sin embargo, el apoyo político y operativo de los socios sigue siendo esencial para estabilizar la región, afirmó la subsecretaria general de la ONU para África, Martha Ama Akyaa Pobee.

"Hay que lograr desesperadamente avances decisivos en la lucha contra el terrorismo, el extremismo violento y la delincuencia organizada en el Sahel", afirmó. "Sin avances significativos, será cada vez más difícil invertir la trayectoria de la seguridad en el Sahel y la continua expansión de la inseguridad a los países costeros de África Occidental."

Todos somos burkineses

El contragolpe del tráfico ilícito de armas se siente con más fuerza sobre el terreno. En la aldea de Bolle, Burkina Faso, un frágil panorama de seguridad se desmoronó de forma aterradora en 2019, cuando los feroces combates entre grupos fuertemente armados a lo largo de la frontera con Malí empujaron a más de 100.000 personas a la zona en busca de seguridad.

Sahelianos como el jefe Diambendi Madiega han colaborado para acoger a todos los que han podido.

"La preocupación que tenía era cómo cuidar de los desplazados", dijo al recibir en 2021 un premio de la Agencia de la ONU para los Refugiados por acoger a más de 2500 personas.

"La responsabilidad es mía", explicó. "Todo lo que pueda hacer para ayudarles, lo haré. Estoy feliz por lo que ha hecho esta comunidad. Esto demuestra que todos somos burkineses".

¿Es correcto el bikini con arrugas, celulitis y grasa?

En bikini a los 76 años: por qué las fotos de una actriz argentina desatan la polémica (y los prejuicios)

La artista recibió un abrumador apoyo por desafiar los estereotipos de belleza.

Moria Casán, actriz argentina.Keystone Press Agency/Jorge Armestar / www.globallookpress.com

La legendaria actriz argentina Moria Casán provocó una polémica al mostrarse a sus 76 años en bikini en la playa de Mar del Plata, el balneario argentino que es epicentro de los vacacionistas durante el verano austral.

Bastó que una usuaria escribiera: "Señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor", como crítica a una foto de Casán, para que se desatara una discusión que se trasladó de las redes sociales a los medios de comunicación y a las calles.

El apoyo hacia la la exvedette, modelo y conductora fue abrumador, aunque también aparecieron voces que coincidieron en replicar los prejuicios de edad que establecen que las mujeres no deben mostrarse en bikini si no responden a los estereotipos de belleza que exigen delgadez y firmeza muscular.

Nada de ello hay en las imágenes de Casán, quien, acorde con su edad, luce panza, celulitis, grasa, estrías. Y sin ningún complejo. Por eso no dudó en responderle a quien le cuestionó: "Yo me amo, tapate vos, imbécil".

La autoestima de la actriz, quien actualmente protagoniza la obra "Brujas" en Mar del Plata, es bien conocida, tanto como sus dotes de polemista. Por eso no extrañó que ella misma minimizara las críticas e incluso las notas a su favor.

"Tampoco creo el interés genuino de los medios en mi defensa, es para justificar el morbo de mostrarme porque la twittera, que no se quién es, solo dijo que me tape, así que 'easy' amores, no me siento atacada, así que no se molesten en defenderme", escribió.

Pero las voces a favor continuaron, entre ellas la de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien es promotora de un movimiento que ha bautizado como "La revolución de las viejas".

"Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida", señaló.

Admiración

Las redes se colmaron de muestras de respaldo a Casán al considerar que, con sus fotos en la playa y un video en el que está cocinando también en bikini, ayuda a desdibujar la añeja y permanente presión sobre la manera "correcta" en que las mujeres deben mostrar sus cuerpos.

"Ojalá todos tuviéramos la mitad de su energía, desparpajo, irreverencia y sex appeal", "las ganas de vivir que tiene esa mujer son envidiables", "lxs que la critican por edad o peso son lxs que pasan por esta vida como espectadorxs", fueron algunos de los mensajes.

"Critican a Moria por ir en bikini a la playa. Porque se ve que no ser joven y hegemónica te obliga a cubrirte y desaparecer del ojo ajeno, que se puede sentir ofendido por el tupé de haber elegido tu libertad", escribió otra usuaria.

Una más se preguntó: "¿Por qué esperan que las mujeres lleguemos a esa edad hechas unas diosas o nos escondamos en una carpa? ¿Por qué no se van a la mierda?".

También hubo quienes calificaron como "nefasta", "repudiable", "anticuada", "machista", "demente" y "violenta" la percepción de que el bikini está vedado para ciertas mujeres solo por no responder a los cánones de belleza.

"Hermosas, lindas, queridas, Moria no es valiente por usar una bikini. Solo es libre y quiere usar algo que le gusta. Valientes son los bomberos, los intensivistas, la gente que atiende al público. Usar la pilcha que queremos es un derecho más, no exclusivo de los hombres", advirtió una tuitera.

"Moria nos ayuda con su libertad y se impone frente a los estereotipos que nos condenan y condicionan a las mujeres: grasa, celulitis, cicatrices... ¡Los años no avergüenzan a nadie! ¡Vamos con las bikinis!", promovió otra.

La inteligencia y las redes sociales

La ONU tacha de "precedente peligroso" la suspensión de las cuentas de varios periodistas en Twitter
Elon Musk se enfrenta a una oleada de críticas tras su decisión de suspender temporalmente las cuentas de varios periodistas a los que acusó de infringir las normas de la red social.
Elon Musk, el propietario de TwitterPolitical-Moments / Legion-Media

La ONU, la Unión Europea y otras organizaciones expresaron su preocupación por la decisión de Twitter y su nuevo propietario, Elon Musk, de temporalmente suspender las cuentas de algunos periodistas.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló este viernes que el bloqueo por parte de Twitter de un grupo de periodistas de varios medios de comunicación (entre ellos CNN, The Washington Post y The New York Times) que habían escrito sobre Musk y su red social creaba un "peligroso precedente".

"Esta medida sienta un peligroso precedente en un momento en el que periodistas de todo el mundo se enfrentan a la censura, a amenazas físicas e incluso a cosas peores", declaró Dujarric en la rueda de prensa.

Vera Jourová. Vicepresidenta de Valores y Transparencia
de la Comisión Europea. Thierry Monasse
 / Gettyimages.ru
Vera Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, también expresó la preocupación de la UE por la decisión de la empresa estadounidense y abogó por la libertad de expresión y la protección de los derechos de los periodistas. Jourová escribió en su cuenta en Twitter: "Las noticias sobre el bloqueo de cuentas de Twitter de periodistas son motivo de preocupación". "Elon Musk debería ser consciente de ello. Hay líneas rojas. Y sanciones, pronto", agregó.

La Sociedad para el Avance de la Edición y la Escritura de Negocios de EE.UU. manifestó en un comunicado este viernes que las acciones de Twitter "violan el espíritu de la Primera Enmienda [que protege la libertad de prensa] y el principio de que las plataformas de medios sociales permitirán la distribución sin filtros de información que ya está en la plaza pública".

"Está bien criticarme, pero no lo está publicar mi ubicación"

Este jueves Twitter suspendió durante siete días las cuentas de varios periodistas por supuestamente haber infringido las normas de la red social. Por su parte, Musk acusó a los periodistas bloqueados de 'doxing', es decir, dedifundir información privada por Internet. El multimillonario justificó su decisión afirmando que las cuentas suspendidas habían publicado su ubicación exacta en tiempo real, "básicamente, coordenadas de asesinato", en palabras del propio Musk.

Respondiendo a las críticas recibidas, Musk escribió en su cuenta en la red social: "Está totalmente bien criticarme todo el día, pero no lo está publicar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia".
 El empresario también señaló que el debate en los medios de comunicación sobre su decisión volvió a poner la libertad de expresión en la agenda. "Es tan inspirador ver el nuevo amor de la prensa por la libertad de expresión", escribió.

Biden firma ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo

La nueva legislación anula la Ley de Defensa del Matrimonio aprobada en 1996, que establecía que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, firma la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en la Casa Blanca, Washington D.C., el 13 de diciembre de 2022.
Chris Kleponis / Pool via CNP / www.globallookpress.com

El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó este martes una ley que establece protección federal para los matrimonios entre personas del mismo sexo. La ratificación tuvo lugar en una ceremonia oficial celebrada en el jardín sur de la Casa Blanca.

La nueva legislación protege los matrimonios homosexuales e interraciales y prohíbe que cualquier estado del país cuestione la legalidad de una unión de ese tipo, independientemente del sexo, raza u origen étnico de sus integrantes, si esta es legal en el estado en el que se produjo.

El documento, elaborado por los demócratas y apoyado por 39 republicanos en la Cámara de Representantes y 12 en el Senado, anula la Ley de Defensa del Matrimonio aprobada en 1996, que establecía que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

Irán ejecuta al primer condenado a muerte por participar en las protestas

El régimen de Irán ejecutó a un hombre de 23 años por participar en protestas, según anunciaron las autoridades.

La Policía iraní prepara una ejecución pública. (Archivo).

DW.- Las autoridades iraníes anunciaron este jueves (8.12.2022) la primera ejecución de un preso condenado a muerte por participar en las protestas que sacuden el país desde mediados de septiembre.

Mohsen Shekari fue ejecutado a primera hora de esta mañana después de que fuese condenado a muerte el 29 de noviembre por herir a un basiji -miliciano islámico- con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.

Todos esos delitos acarrearon la condena de "guerra contra Dios”, que se llega a castigar con la pena de muerte, como ha sido este caso.

Mizan indicó que el ejecutado confesó durante el juicio que había recibido "pagos” por atacar a agentes de la ley y que por ello acuchilló al miliciano, quien necesitó 13 puntos de sutura tras el ataque.

Shekari es el primer manifestante ejecutado por su participación en las protestas que sacuden Irán desde la muerte de Mahsa Amini a mediados de septiembre, tras ser detenida por la Policía de la moral por llevar mal el velo islámico.

Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

Las autoridades judiciales han condenado a muerte a 11 personas hasta ahora por su participación en las movilizaciones y a un número indeterminado a penas de prisión.

Amnistía Internacional ha denunciado que al menos 28 de los 2.000 acusados por las protestas se enfrentan a penas de muerte.

En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 15.000 han sido detenidos, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.

Desarticulan una red de trata sexual que operaba en Colombia, España y Francia y liberan a 11 mujeres

Las víctimas eran captadas en países suramericanos bajo engaño y promesas de trabajo en Europa.

Captura de pantallaTwitter @policia

Un total de 12 personas pertenecientes a una red de trata y explotación sexual fueron detenidas en una operación policial conjunta entre Colombia, España y Francia, donde fueron liberadas 11 mujeres que habían sido reclutadas bajo engaño por esa organización criminal.

Las víctimas, que fueron liberadas en París donde eran prostituidas, eran mujeres vulnerables de origen suramericano y fueron captadas en sus países de origen a través de ardides y promesas de trabajo, recoge una nota de prensa de la Policía de España.

La investigación se inició en Francia tras conocer que varias mujeres eran forzadas a prostituirse en hoteles y apartamentos parisinos.

En un video compartido en la cuenta de Twitter de la Policía española, se observa el momento en el que las autoridades de los tres países ingresan a una vivienda y se llevan detenida a una mujer.

Hasta ahora, hay tres detenidos en Madrid y tres en la provincia española de Málaga; cuatro en Francia y dos en Colombia.

Los delitos que se les imputan son trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

¿Cómo operaba la organización?

Esta organización creó en España un centro de atención telefónica donde se recibían las llamadas provenientes de Francia y se gestionaban los encuentros sexuales de las mujeres con personas del país vecino.

Además, se difundían anuncios de ofrecimiento de servicios sexuales en internet, que eran creados en España.

En este operativo, donde también participa la Europol, realizaron 25 registros domiciliarios. En los tres realizados en España se incautaron 17.000 euros en efectivo, 33 teléfonos celulares y numerosos documentos.

Medios que divulgaron el 'Cablegate' exigen a Biden retirar los cargos contra Julian Assange

Según las organizaciones, el Gobierno de EE.UU. "debe poner fin al enjuiciamiento" del fundador de WikiLeaks porque "publicar no es un delito".


A 12 años de la publicación del llamado 'Cablegate', los principales medios que divulgaron la filtración de 251.000 cables confidenciales del Departamento de Estado de EE.UU., exigieron al Gobierno estadounidense que retire los cargos contra Julian Assange.

Julian Assange llega al Tribunal de Magistrados de
Westminster en Londres
Victoria Jones / PA / Gettyimages.ru
Mediante una carta, The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel consideraron que hay que poner punto final al enjuiciamiento de Assange porque "publicar no es un delito".

En ese sentido, destacan que el 'Cablegate' "reveló corrupción, escándalos diplomáticos y asuntos de espionaje a escala internacional", y sirvió como una fuente invaluable para periodistas e investigadores que, aún hoy, siguen utilizando ese "tesoro único de documentos".

La contribución, no obstante, le ha costado al activista la persecución, su actual reclusión en una cárcel de máxima seguridad en Reino Unido y la posibilidad de ser extraditado a EE.UU. para ser enjuiciado por delitos que acarrearían una pena de 175 años de prisión.

"Nos reunimos ahora para expresar nuestras graves preocupaciones sobre el enjuiciamiento continuo de Julian Assange por obtener y publicar materiales clasificados", apuntan los editores de medios tras hacer una recopilación del calvario judicial sufrido por el fundador de WikiLeaks.

En esa línea, recuerdan que la administración de Barack Obama –en la que Biden fue vicepresidente– se abstuvo de acusar a Assange, "a pesar de sus incómodas consecuencias", pero que durante la gestión de Donald Trump, la situación cambió.

Durante la estancia de Trump en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia usó la antigua Ley de Espionaje de 1917 –que enjuiciaba a presuntos espías durante la Primera Guerra Mundial– para justificar el caso contra Assange, a pesar de que esa normativa "nunca se ha utilizado para enjuiciar a un editor o locutor", recalca la carta.

La acusación vigente sienta un "precedente peligroso" que podría socavar la libertad de prensa en EE.UU., insisten en la misiva, por lo que instan al actual Gobierno a poner fin "al enjuiciamiento de Julian Assange por publicar secretos".

Assange en Embajada de ECUADOR
El grupo de editores sostiene que la divulgación de información sensible es una parte "central" del trabajo diario de los periodistas, por lo que criminalizar esa práctica solo conduce al debilitamiento de las democracias.

En este sentido, el presidente de Colombia Gustavo Petro se ha comprometido a "ejercer presión" en defensa de Assange frente al Gobierno estadounidense de Joe Biden.

Este apoyo es uno más de los que busca la delegación conformada por el editor en jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, y el embajador de la organización, Joseph Farrell, tras reunirse con el mandatario colombiano en el marco de una gira por diferentes países latinoamericanos.

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